El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, ha sido suspendido de su cargo por dos años después de haber sido hallado culpable de divulgar información confidencial en un caso fiscal que involucra al empresario Alberto González Amador.

Álvaro García Ortiz, que ocupó el cargo desde 2022, también fue multado con 7.300 euros y obligado a pagar 10.000 euros en indemnizaciones. El veredicto fue un golpe para el primer ministro Pedro Sánchez, quien defendió la inocencia del fiscal. García Ortiz negó las acusaciones, y los periodistas convocados a testificar declararon que no recibieron información de él. El caso ha suscitado controversia sobre la politización del sistema judicial y ha reavivado las acusaciones de corrupción que afectan a la familia de Sánchez. Los líderes de la oposición han pedido la dimisión del primer ministro, acusándolo de una gestión ineficaz de la justicia.