El Ministro de Inversiones y Proyectos Europeos, Dragoș Pîslaru, ha declarado que la dilación en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el caso de la ley de pensiones de los magistrados es "absolutamente inaceptable".
Pîslaru subrayó que la justicia no debe ser influenciada por intereses políticos y que las dilaciones repetidas afectan gravemente la confianza del público en el sistema judicial. El ministro mencionó que el gobierno ha colaborado con la Comisión Europea para elaborar un proyecto de ley que resuelva las inequidades en el sistema de pensiones, teniendo en cuenta que un nuevo aplazamiento podría llevar a la pérdida de 231 millones de euros. Además, criticó los ataques por parte del Consejo Superior de la Magistratura, que ha cuestionado la necesidad de la reforma.
Pîslaru insistió en que el gobierno debe ejercer sus prerrogativas en la gestión del presupuesto y subrayó la importancia de una solución rápida para restablecer el equilibrio constitucional.
El Tribunal Constitucional ha aplazado el pronunciamiento en cuatro ocasiones, y ahora se enfrenta a una nueva sesión para decidir sobre el futuro de la ley.
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