El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) ha expresado su punto de vista sobre el proyecto de ley relativo a la remuneración en el sector público, subrayando que presenta vicios de constitucionalidad.
El CSM impugna la forma en que se ha promovido el proyecto, invocando el artículo 110, párrafo 4 de la Constitución, que prohíbe a un gobierno destituido iniciar proyectos legislativos. Además, el CSM solicita que la remuneración de los jueces y fiscales sea regulada por una ley especial, de acuerdo con el artículo 205 del Estatuto de los jueces y fiscales.
Las críticas se centran en la inclusión de los magistrados en la escala común del sector público, lo que afecta sus derechos salariales. El CSM subraya que los salarios de los magistrados no deben ser inferiores a los de los parlamentarios o ministros y impugna la eliminación de los complementos, considerando que son esenciales para las condiciones de trabajo específicas.
En conclusión, el CSM solicita una regulación adecuada y equitativa para la remuneración de los magistrados, que respete la independencia de la justicia.
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