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El miércoles, los funcionarios de la Unión Europea reafirmaron su apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) tras las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y el fiscal adjunto, Abdoulaye Seye.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, subrayaron que los jueces de la CPI deben actuar sin presiones externas para garantizar la justicia de las víctimas de crímenes graves. Las sanciones estadounidenses prohíben a los dos funcionarios el acceso a Estados Unidos y cualquier transacción financiera.
Japón, un importante defensor de la CPI, criticó las medidas como lamentables. La CPI declaró que las sanciones socavan el estado de derecho y su independencia. Estas medidas se perciben como una respuesta a las investigaciones de la CPI sobre Israel y posibles crímenes de guerra de las tropas estadounidenses en Afganistán. Washington ha intensificado la presión diplomática sobre la CPI, instando a los socios a retirarse de la corte.
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