Este decreto tiene como objetivo prevenir la confiscación de estos activos por parte de tribunales o acreedores, promoviendo así los objetivos de política exterior de EE. UU. El decreto prevé la creación de un Fondo de depósito para el estado venezolano, gestionado por el gobierno estadounidense, que incluirá las cuentas y fondos de las entidades públicas venezolanas y los ingresos de las ventas de petróleo. Además, se prohíbe la confiscación de este Fondo en caso de procedimientos judiciales. Trump convocó a los líderes de las empresas petroleras para alentarlos a invertir en la explotación de las reservas de petróleo de Venezuela, pero no logró compromisos concretos. Aunque las reservas de petróleo de Venezuela son las más grandes del mundo, la producción actual está limitada debido a las sanciones y a la falta de inversiones.
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