Cientos de millones de dólares en oro venezolano llegado a Estados Unidos siguen almacenados, ya que las refinerías se niegan a procesar el metal sin pruebas claras de que no procede de actividades delictivas, corrupción o explotaciones que vulneran los derechos humanos, según una investigación de The New York Times.
La administración Trump presentó el acceso a los recursos minerales de Venezuela como una estrategia para combatir la corrupción y poner la industria bajo control occidental. En marzo, tras la destitución de Nicolás Maduro, la empresa Trafigura firmó un acuerdo con Minerven, la compañía minera estatal, y comenzó a exportar oro a Estados Unidos. El primer cargamento, estimado en 100 millones de dólares, fue presentado en la Casa Blanca en presencia del secretario de Interior, Doug Burgum.
El acuerdo contemplaba exportaciones procedentes de minas industriales, pero el oro fue comprado antes de que las minas fueran verificadas por auditores independientes. La investigación señala vínculos entre las explotaciones del sur de Venezuela y grupos criminales que cobran tasas por protección. En algunas zonas, estas prácticas están tan extendidas que los habitantes las llaman «el sistema».
Posteriormente, otras empresas también intentaron entrar en el mercado, aunque los riesgos se consideran elevados. Mientras la administración estadounidense sigue relajando las sanciones, la industria de refinación teme no poder certificar el origen legal del oro. Así, la estrategia de Washington abrió el acceso a los recursos, pero aún no ha logrado crear una cadena de suministro considerada segura y legítima.
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