La Corte Suprema de Australia decidió a favor del Gobierno australiano, rechazando la solicitud de Rusia para construir una nueva embajada a menos de 500 metros de la sede del Parlamento. Rusia había obtenido en 2008 el arrendamiento del terreno, sin embargo, en 2023, Australia anuló el contrato mediante una ley destinada a impedir la construcción, invocando las recomendaciones de los servicios de inteligencia sobre los riesgos de una presencia rusa cerca del Parlamento.
Tras esta decisión, Rusia impugnó la legalidad de la ley, pero la Corte Suprema confirmó su validez, obligando sin embargo al Gobierno australiano a pagar indemnizaciones a Rusia. Además, un diplomático ruso que intentó bloquear la toma del terreno fue posteriormente expulsado.
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