Una redada de gran envergadura llevada a cabo por la policía brasileña en Río de Janeiro resultó en la muerte de al menos 132 personas, de las cuales cuatro eran oficiales de policía. La operación, considerada la más sangrienta en la historia de la ciudad, tuvo como objetivo a los miembros de la banda criminal Comando Rojo e implicó 69 órdenes de arresto y 180 direcciones. Las autoridades confiscaron 31 rifles y arrestaron a 81 personas, incluyendo a un líder del grupo.
La redada fue denunciada por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se declaró "horrorizada" por el alto número de víctimas. Los residentes describieron las escenas en las favelas Alemão y Penha como "similares a una guerra", con intercambios de disparos y autobuses incendiados. El gobernador del estado, Cláudio Castro, declaró que la redada fue planificada durante dos meses y subrayó los desafíos que enfrenta la policía, mencionando el uso de drones por parte de los delincuentes. Las clases fueron suspendidas el día de la redada, y muchos residentes quedaron atrapados en sus casas. Esta operación forma parte de los esfuerzos del gobernador para combatir la criminalidad antes de las elecciones del próximo año.
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