El sábado, decenas de miles de personas salieron a la calle en Lisboa para protestar contra las propuestas legislativas en el ámbito laboral, consideradas amenazantes para los derechos de los trabajadores. El gobierno del primer ministro Luís Montenegro aprobó un proyecto de ley que busca modificar el Código del Trabajo, facilitando el despido de empleados y la externalización del trabajo, así como limitando las licencias especiales, incluyendo para las mujeres que sufren abortos espontáneos.
El sindicato CGTP, organizador de la protesta, ha denunciado estas medidas como un ataque mayor a los trabajadores y ha anunciado una huelga general el 11 de diciembre. Los manifestantes, que también pidieron salarios más altos, subrayaron que más del 50% de los empleados ganan menos de 1.000 euros al mes, en condiciones en las que el salario mínimo es de 870 euros, uno de los más bajos de la UE. El gobierno sostiene que las modificaciones son necesarias para aumentar la competitividad y la productividad en Portugal, uno de los países más pobres de Europa Occidental.
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