Antes de la protesta en Portugal, en España las tensiones se acumularon tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba casi siete décadas viviendo en su apartamento de Madrid. Según el caso, la empresa que compró la vivienda le aumentó el alquiler un 275%—hasta 2.650 euros—y la policía forzó la entrada en la vivienda, lo que desencadenó la movilización pública.
Las protestas continuaron con marchas en Madrid y otras ciudades, mientras que, a nivel parlamentario, fueron rechazados proyectos destinados a proteger a los inquilinos: el Parlamento rechazó una resolución de protección propuesta por el gobierno minoritario de Pedro Sánchez, que contemplaba prohibir los desalojos hasta 2030, congelar los alquileres durante dos años y establecer normas más estrictas para los alquileres de corta duración.
