Más de veinticuatro estados, incluidos Arizona, California y Massachusetts, han presentado una demanda contra la administración Trump por su negativa a financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el cierre del gobierno.
Estos estados solicitan a un juez federal que obligue al gobierno a utilizar los fondos de reserva de emergencia para prevenir la interrupción de la ayuda alimentaria, que afecta a aproximadamente 42 millones de personas. A pesar de que SNAP tiene una reserva considerable, la administración Trump se ha negado a extender la suspensión de los fondos, a pesar de las sugerencias del Congreso.
Los funcionarios de los estados involucrados critican esta decisión, argumentando que el gobierno tiene la obligación legal de mantener los beneficios.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, destacó la importancia de SNAP en la lucha contra el hambre. La Casa Blanca y el Departamento de Agricultura no han comentado sobre la situación.
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