Dos decisiones judiciales de Massachusetts y Rhode Island detienen la suspensión de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), protegiendo así, a nivel nacional, a 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos.

El USDA ha declarado que no dispone de suficientes fondos para pagar las prestaciones, invocando una crisis presupuestaria causada por el cierre del gobierno.

El juez John McConnell consideró la decisión de no utilizar 5,25 mil millones de dólares de los fondos de emergencia como arbitraria, subrayando el impacto devastador sobre las familias.

Además, la jueza Indira Talwani decidió que el USDA se equivocó al afirmar que no puede utilizar los fondos de emergencia para el programa SNAP.

Los demandantes argumentaron que la agencia tiene suficientes recursos para continuar los pagos y advirtieron que la suspensión de estos provocaría una crisis humanitaria sin precedentes.

Estas decisiones establecen un precedente importante, demostrando que el cierre del gobierno no puede justificar la interrupción de programas esenciales de asistencia social.