Tras las protestas violentas en Francia, Emmanuel Macron anunció medidas judiciales contra los implicados en actos de vandalismo y saqueos, afirmando que los autores tendrán que responder ante la ley y reparar los daños. Pidió al Gobierno que analizara cómo se desarrollaron los incidentes y que explicara por qué los servicios de inteligencia no anticiparon su magnitud, prometiendo transparencia e investigaciones rápidas.
Paralelamente, Macron hizo un llamamiento a diferenciar entre quienes destruyeron y los manifestantes con reivindicaciones consideradas legítimas, mencionando las preocupaciones relacionadas con el coste de la vida y el encarecimiento de los carburantes. El presidente expresó su apoyo a las fuerzas del orden, a las personas heridas y a los comerciantes afectados, mientras que el primer ministro debía dirigir una célula de crisis para movilizar ayudas y apoyar a las víctimas.
Antes del discurso previsto para el domingo por la noche, las protestas fueron descritas como motivadas por el descontento relacionado con el aumento de los costes y la situación de los servicios públicos, con enfrentamientos que degeneraron en ataques contra las fuerzas del orden y saqueos. En este contexto, también hubo reacciones políticas que relacionaron la violencia con temas como la inmigración y el control de las fronteras.
