[2025 Explicado] Imposible Ejército Europeo. Autonomía estratégica, OTAN y límites políticos de la defensa europea

Europa habla cada vez más sobre seguridad, autonomía y defensa, pero evita cuidadosamente la pregunta que las une a todas. La Unión construye infraestructura militar, interoperabilidad y capacidades comunes, mientras que las decisiones políticas permanecen nacionales. En algún lugar entre la OTAN, la autonomía estratégica y los silencios institucionales, se perfila una pregunta que Europa aún no quiere formular completamente.

Prólogo: La Fantasma del Ejército Europeo

En una habitación amueblada de manera austera y apenas calentada, en el corazón del barrio europeo de Bruselas, un grupo de personas discute en voz baja, en la penumbra de una luz ajustada al mínimo. Es la hora del almuerzo, pero la luz del sol no será accesible hasta dentro de cuatro días. Todo es económico, nada extravagante, de manera programática. La temperatura está fijada en 18 grados, la luz apenas parpadea, y el almuerzo consiste en sándwiches holandeses y yogur en caja.

El representante francés ha resoplado descontento al ver la comida, evidentemente no conforme con ningún estándar que pudiera imaginar un hexagonense. Se ha quejado y les ha dicho a todos que, si aceptan Mercosur, todos terminaremos comiendo boterham met kaas.

Pero volvamos a la oculta europea. En tiempos pasados era una oculta mundial, pero ahora estamos asistiendo a una restricción de la oculta a los aduladores de los reglamentos y del estado de derecho. De hecho, no es excluyente que la economía de calor y luz en las instituciones europeas sea un efecto secundario de las mismas prácticas dudosas atribuidas, con sospecha ritual, a los "greendealers".

“Necesitamos un Pete Hegseth”, se escucha desde la cabecera de la mesa.

Debido a la luz difusa, es difícil decir quién formuló la idea, pero provoca una agitación inesperada entre los representantes de la oculta que creen en el consenso porque 2000 años de europeísmo han demostrado que existe, pero que es prácticamente imposible de obtener.

“¿Para qué necesitamos un presentador de televisión sin talento, pero capaz de hacer más triquiñuelas en el bar que cualquiera de nuestros comisarios?”, murmura en la semiobscuridad de la habitación. Wopke Hoekstra, el comisario holandés para el clima, ya afectado por el comentario sobre boterham met kaas, protesta.

“Yo entreno cinco veces a la semana y practico fit boxing”.

“No. Necesitamos un comisario para la guerra”, continúa la voz. Ha llegado el momento de dejar de tener comisarios para la igualdad. Basta de tanta igualdad.

Desde el fondo de la sala se escucha el ruido de un cuerpo que se desplaza sobre el frío suelo. Es la comisaria belga Hadja Lahbib, titular de la cartera de igualdad, quien, aunque ha sido periodista durante más de 20 años, nunca ha pensado que es importante hacer muchas triquiñuelas en el bar.

“Para ocultar nuestras verdaderas intenciones, a través de las cuales intentamos imponer la paz mundial, necesitamos un comisario para la guerra. ¿No han oído ninguno de ustedes que si quieres paz, prepárate para la guerra?”

Los límites de Europa

Más allá de la ironía, la apuesta de este texto no es ironizar sobre las instituciones europeas, sino aclarar uno de sus límites fundamentales. El europeo de a pie vive en un espacio que ha conocido casi dos milenios de conflictos y solo unas pocas décadas de paz, y esta paz no es el resultado de un reflejo moral, sino de arquitecturas de poder extremadamente precisas. Precisamente por eso, cualquier discusión sobre Europa, y más aún sobre un eventual Ejército Europeo, no puede llevarse a cabo en el registro de la conspiración o del deseo, sino en el de las instituciones, la soberanía y la decisión política. Existe una diferencia esencial entre lo que quisiéramos que fuera Europa y lo que puede ser sin transformarse en otro tipo de estado. El ejército es el lugar donde esta diferencia se vuelve inevitable.

¿Qué es el ejército para un estado?

En el simbolismo existencial de un pueblo, el ejército y la religión ocupan un lugar especial porque concentran, más que cualquier otra institución, la idea de continuidad más allá del individuo. Ambas operan con conceptos-límite, vida, muerte, sacrificio, comunidad, sentido, y los transforman en pertenencia. El ejército hace esto a través del juramento, la disciplina y la disponibilidad explícita para el sacrificio supremo en nombre del estado. La religión opera a través de la fe, el ritual y la promesa de un orden que trasciende el tiempo presente. A diferencia de las instituciones administrativas o económicas, ambas se transmiten generacionalmente no solo a través de reglas, sino a través de narrativas, símbolos y prácticas rituales que conectan el pasado con el futuro. Por eso, en momentos de crisis existencial, las naciones regresan instintivamente a estos dos hitos. El ejército y la religión dan sentido a la resistencia, justifican el sacrificio y afirman la continuidad de la comunidad cuando el orden cotidiano se desmorona.

Un ejército nacional no es solo una estructura de defensa. Es el certificado de existencia del estado en momentos en que el derecho, la economía y la diplomacia ya no son suficientes. Representa la capacidad del estado para defender su territorio, sus ciudadanos y el orden constitucional cuando todos los demás instrumentos del poder público se detienen. El ejército no es un atributo opcional de la estatalidad, sino su condición última, aquella que transforma la soberanía de principio jurídico en realidad política.

Aún cuando el ejército comete excesos a pesar del juramento ante la constitución, o cuando no se somete ante el poder civil, la continuidad institucional y simbólica es tan poderosa que hace del ejército una de las pocas estructuras que atraviesan generaciones sin perder su legitimidad. Puede ser criticado, transformado, reformado, pero no erradicado de la construcción institucional de un estado. El monopolio legítimo de la fuerza, ejercido a través del ejército, delimita claramente quién tiene el derecho a decidir el uso de la violencia en nombre de la comunidad política y quién no.

Simbolicamente, el ejército concentra los elementos más sensibles de la estatalidad. La bandera, el uniforme, la insignia, el juramento y el ceremonial militar no son solo tradiciones, sino expresiones codificadas de la soberanía. Conectan al individuo con el estado en una relación excepcional, en la que el sacrificio personal puede ser exigido en nombre de la continuidad colectiva. El ejército es la única institución en el mundo que puede exigir este sacrificio. Precisamente por eso, estos símbolos están cuidadosamente regulados y cargados de significado político, no dejados en la zona del arbitrario o del espectáculo.

En este marco, cualquier discusión sobre la integración o transferencia del control sobre la fuerza armada trasciende el nivel técnico de la cooperación militar. Toca el núcleo duro del estado, donde se deciden la soberanía, la responsabilidad y la legitimidad suprema. Por eso, el debate sobre ejércitos comunes o estructuras supranacionales no es, en esencia, sobre eficacia militar, sino sobre quién garantiza la existencia política del estado cuando el orden normal se suspende.

Por qué el ejército no puede ser europeo en el sentido clásico

Para el ciudadano común, la Unión Europea es una realidad cotidiana, no un constructo jurídico. Los tratados que regulan su funcionamiento son, en el mejor de los casos, desconocidos y abstractos, y en el caso más frecuente, simplemente inexistentes en el horizonte de preocupaciones diarias. A nadie le importa de manera directa los artículos, párrafos y competencias, excepto a algunos funcionarios de Bruselas que los defienden con rigor casi teológico o a algunos funcionarios nacionales encargados políticamente de encontrar fórmulas de resistencia ante decisiones europeas. En el resto, la UE es percibida como un espacio de reglas, de dinero, de libertad de circulación, no como un sistema de poder.

En este contexto, cuando la gente habla de “Ejército Europeo”, en realidad no están hablando de lo que significa decidir la existencia de un ejército. Para la mayoría, la expresión es un eslogan vago, un símbolo de protección o de unidad, no una decisión constitucional sobre soberanía, mando, sacrificio y responsabilidad suprema. Tener un

ejército no significa solo cooperación o eficacia, sino la asunción explícita del derecho a decidir sobre el uso de la fuerza, sobre la vida y la muerte, sobre la lealtad última de los ciudadanos en uniforme. Estas son decisiones que, en los estados nacionales, pertenecen al núcleo duro del poder político.

Por eso, la ruptura entre el discurso público y la realidad institucional es tan grande. Un “ejército europeo” no es una extensión natural del mercado único o de las políticas comunes, sino un salto existencial que transformaría a la Unión de un marco jurídico y económico en una entidad política con monopolio sobre la fuerza.

Cuando la gente común discute sobre este tema, discuten, sin saberlo, sobre un cambio de naturaleza de la Unión, no sobre una reforma técnica. Y esta incomprensión explica por qué el debate es a menudo superficial, emocional y desconectado de las implicaciones reales de una decisión que reescribiría la relación entre el estado, el ciudadano y el poder.

Para los conspiracionistas que creen que la oculta europea reside en Berlaymont, hay que decir que en la arquitectura actual de la Unión, la defensa está explícitamente excluida de las competencias ejecutivas de la Comisión. Los tratados establecen que la política de seguridad y defensa común pertenece al ámbito intergubernamental, bajo el control de los estados miembros, no de la institución supranacional. Más concretamente, el Ejecutivo europeo permanece deliberadamente excluido de cualquier decisión sobre el uso de la fuerza, su papel se limita a las condiciones materiales de la defensa.

Un eventual “Comisario de Defensa” en el sentido clásico implicaría una competencia sobre el monopolio de la fuerza, lo que violaría directamente el principio de soberanía de los estados y la letra de los tratados. Además, existe también una barrera democrática. La Comisión no tiene legitimidad política para decisiones de vida o muerte. Los comisarios no son elegidos directamente, y el Parlamento Europeo no tiene competencias de tipo militar. Asignar la defensa a un comisario crearía un vacío de responsabilidad democrática entre la decisión política y el sacrificio humano, algo considerado inaceptable en la mayoría de las capitales europeas.

Qué hace la Unión cuando no puede tener un ejército

La pregunta central del momento definido por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las incertidumbres sobre la dirección estratégica de los Estados Unidos no es si Europa desea un ejército común, sino si aún puede permitirse funcionar sin uno. La Unión ha llegado a un punto en el que sus decisiones producen consecuencias estratégicas reales, sin embargo, la seguridad de estas decisiones sigue siendo garantizada por una alianza cuyo funcionamiento político ya no puede considerarse automático. En este contexto, cada vez más analistas militares y políticos parten de la misma premisa incómoda: no es excluyente que Rusia pruebe la funcionalidad de la OTAN a través de una acción limitada, calibrada, que ponga a prueba los mecanismos de solidaridad de la alianza.

Mucho antes de este choque, Europa ya había comenzado a plantearse preguntas sobre su propia capacidad de defensa. Dos años después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, hace nueve años desde el día en que nos encontramos, es decir, en 2016, el Parlamento Europeo adoptó una iniciativa sobre la Unión Europea de Defensa. Como todas las iniciativas parlamentarias, el documento no tenía fuerza ejecutiva y no obligaba a la Comisión o a los estados miembros, siendo más bien una declaración de dirección que un plan de acción. Sin embargo, el texto era significativo por su tono, visionario, pero prudente, formulado en un momento en el que el entorno de seguridad se degradaba visiblemente, sin que la dimensión existencial del riesgo se hubiera vuelto aún evidente.

El Parlamento constató la acumulación simultánea de amenazas, desde el terrorismo y riesgos híbridos hasta la inestabilidad de los vecindarios oriental y meridional, la inseguridad energética y el impacto climático, y observó el desvanecimiento cada vez más acentuado de la frontera entre la seguridad interna y la externa. El mensaje central fue claro. Aunque el marco jurídico permite la cooperación en materia de seguridad y defensa, la Unión evita constantemente el paso que transformaría esta cooperación en una decisión política asumida.

El Ejecutivo europeo confirma un año más tarde, en 2017, a través de Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que rechaza sin ambigüedad la idea de que se construya una fuerza militar supranacional. Su declaración, formulada en un debate en el Parlamento Europeo, fue clara. No se construye un ejército europeo, aunque el término siga siendo utilizado por razones políticas o propagandísticas. Las iniciativas que siguieron en el Parlamento han permanecido, en gran parte, confinadas a la zona del discurso y del debate, pero han indicado la existencia de una presión política constante por soluciones comunes.

En paralelo a este debate, la Comisión Europea ha actuado donde los tratados le permiten. La Unión ha optado por tratar la defensa como un ejercicio de organización material, infraestructura e industrial. El Plan de Acción sobre Movilidad Militar, que ha llegado a la versión 2.0, es la expresión más clara de este enfoque. El documento propone la creación de una zona europea de movilidad militar para 2027, un primer paso hacia lo que se describe políticamente como un “Schengen Militar”, en un sentido estrictamente funcional.

Las medidas buscan armonizar los procedimientos de transporte militar transfronterizo, digitalizar las autorizaciones, reducir los plazos de aprobación y establecer un marco de urgencia que permita priorizar los desplazamientos militares sobre la infraestructura civil en situaciones de crisis. Al mismo tiempo, el plan prevé un cambio de escala en las inversiones de uso dual, mediante la integración de la movilidad militar en la política TEN-T, la definición de corredores prioritarios y el aumento significativo de los presupuestos dedicados en el futuro marco financiero plurianual.

Esta lógica se refleja también en el área de adquisiciones y de interoperabilidad. A través de instrumentos como EDIRPA y ASAP, la Comisión ha comenzado a utilizar el presupuesto europeo para estimular las adquisiciones comunes de equipos y municiones, especialmente después de 2022, sin decidir qué se compra o tener capacidades militares propias. La condición es la cooperación entre estados y el fortalecimiento de la industria europea de defensa. De manera similar, el Fondo Europeo de Defensa (EDF) financia proyectos comunes de investigación y desarrollo, con el objetivo explícito de reducir la fragmentación y aumentar la compatibilidad de los sistemas militares. La compatibilidad militar europea aparece como un efecto secundario de la convergencia industrial, no como resultado de una decisión política común.

El problema de estas medidas es que son casi invisibles para la opinión pública. Para el ciudadano común, no está claro si Europa es más segura, más preparada o más capaz de responder a un ataque. Ningún líder europeo pone explícitamente en duda a la OTAN y ninguno habla abiertamente de un Ejército Europeo. Y, sin embargo, la acumulación lenta y discreta de capacidades muestra que la Unión intenta construir una solución militar propia, sin cruzar la línea política de la soberanía. Esta discrepancia entre lo que se hace y lo que se dice explica por qué Europa se centra en su autonomía estratégica, y por qué esta formulación se convierte inevitablemente en un punto de tensión para todo un debate.

Sorbona 2017 y la europeanización del gaullismo

La idea de Autonomía Estratégica ha sido politizada por Emmanuel Macron. Conceptualmente, la autonomía estratégica significa la capacidad de un actor político para decidir y actuar solo cuando sus intereses vitales lo exigen, sin estar bloqueado por dependencias externas. No implica romper las alianzas existentes. En el caso de la Unión Europea, la autonomía estratégica no se trata de aislamiento o separación de aliados, sino de la libertad de elegir.

La libertad de actuar con los socios cuando los intereses coinciden y la libertad de actuar solo cuando ellos no pueden o no quieren. Implica capacidades reales, militares, industriales, tecnológicas, energéticas, sin las cuales la decisión política permanece simbólica. Comprender la posición de Emmanuel Macron sobre la defensa europea es imposible sin situarla en la tradición gaullista del estado francés, una tradición que no es anti-europea, pero que es profundamente sospechosa de la delegación de la soberanía militar.

En los años 50-60, Francia desempeñó un papel paradójico porque apoyó inicialmente el proyecto de la Comunidad Europea de Defensa (propuesto en 1950 por el Primer Ministro francés, René Pleven, como respuesta a la posibilidad de rearme de Alemania), pero lo rechazó decisivamente en 1954, precisamente por miedo a perder el control sobre la fuerza armada. Posteriormente, bajo Charles de Gaulle, Francia rechazó la integración militar supranacional y abandonó la estructura militar integrada de la OTAN en 1966, no para salir de la alianza, sino para mantener su autonomía decisional total sobre el uso de la fuerza.

Esta doctrina se construyó sobre la idea de que el ejército es la expresión última del estado y que ningún mecanismo colectivo puede sustituir la responsabilidad política nacional en materia de vida y muerte. Macron hereda esta matriz intelectual, pero la proyecta en un contexto europeo radicalmente diferente.

Su discurso en la Sorbona de 2017 representa el momento en que la tradición gaullista se traduce a nivel europeo. Macron no intenta construir un ejército europeo supranacional en el sentido clásico del término y no lo hace por prudencia táctica, sino por convicción doctrinal. Sabe que un ejército común, con mando político supranacional y decisión colectiva sobre el uso de la fuerza, desencadenaría exactamente los mismos reflejos que llevaron al fracaso de la Comunidad Europea de Defensa y a la ruptura de Francia con la estructura militar integrada de la OTAN en los años 60. Por eso, su lenguaje es calculado. No habla de transferencia de soberanía, sino de autonomía operacional; no de reemplazo de la OTAN, sino de complementariedad; no de mando común inmediato, sino de la capacidad de Europa para actuar cuando los aliados no quieren o no pueden. En esencia, Macron dice explícitamente que el bloqueo europeo no es militar, sino decisional.

Las soluciones que propone están deliberadamente construidas sobre una lógica funcional, no constitucional. PESCO está diseñado como un mecanismo de compromisos diferenciados, que permite avanzar sin unanimidad. El Fondo Europeo de Defensa está concebido para crear dependencias positivas entre las industrias nacionales y para forzar la convergencia tecnológica. Las iniciativas de intervención y los intercambios entre los ejércitos nacionales están destinados a crear, paso a paso, una cultura estratégica común, sin imponer una doctrina única a través de tratados.

Aún cuando evoca, a largo plazo, una fuerza común, un presupuesto común y una doctrina común, Macron no habla de un salto institucional inmediato, sino de un horizonte condicionado por la maduración política de los estados miembros. La Sorbona no es un llamado al federalismo militar, sino un intento de reproducir a nivel europeo exactamente lo que el gaullismo ha hecho a nivel nacional, máxima autonomía de acción, sin perder el control político final.

Visto retrospectivamente, la Unión Europea ha adoptado de la Sorbona solo aquellos elementos que no tocan directamente el núcleo de la soberanía militar. Las capacidades comunes, la industria de defensa, la movilidad militar, la interoperabilidad, la financiación de la investigación e incluso las adquisiciones comunes se han integrado relativamente rápido en las políticas de la UE, porque no exigen que los estados renuncien a la decisión de usar la fuerza. En cambio, exactamente esos componentes que habrían transformado la capacidad en poder político real, la decisión común, la fuerza permanente, el presupuesto de defensa común, la doctrina unificada, han quedado bloqueados.

Las razones son estructurales y no se deben a la falta de visión. Los estados del Este no están dispuestos a relativizar el papel de la OTAN. Los estados del Sur no comparten la misma percepción de la amenaza. Los parlamentos nacionales no aceptan la delegación de la decisión de guerra. Los tratados de la UE no ofrecen un marco democrático legítimo para tal movimiento. Europa ha llegado exactamente a donde llegó Francia en los años 60, es decir, acepta la coordinación de los instrumentos, pero rechaza la delegación de la decisión sobre su uso. El discurso de la Sorbona no ha fracasado, sino que ha demostrado que el límite de la defensa europea es el mismo límite histórico del proyecto europeo. El ejército puede ser coordinado, pero la soberanía sobre su uso aún no es negociable.

Por qué Macron se ha convertido en un chivo expiatorio

Todo esto explica también la intensidad de las campañas de desinformación dirigidas contra Emmanuel Macron que no son un simple reflejo político o una desautorización personal. Aparecen exactamente en el punto en que el discurso sobre la defensa europea toca una zona sensible del orden estratégico post-Guerra Fría. Macron no ha pedido explícitamente la creación de un Ejército Europeo, pero ha puesto en cuestión la dependencia estructural de Europa de garantías externas y la legitimidad de superarlas. Esta reposicionamiento, incluso formulado prudentemente bajo el concepto de autonomía estratégica, ha sido suficiente para transformar su mensaje en un chivo expiatorio. La desinformación ha funcionado a través de la simplificación y la caricaturización.

Una construcción política compleja, basada en capacidad, decisión y responsabilidad, ha sido reducida a eslóganes fácilmente movilizables emocionalmente. La idea de autonomía estratégica ha sido presentada como federalismo militar, debilitamiento de la OTAN o preparación para la guerra, precisamente porque estas interpretaciones activan temores profundamente arraigados en las sociedades europeas. De esta manera, Macron no ha sido atacado por lo que proponía, sino por lo que podría simbolizar en un debate que muchos actores preferían evitar.

Los efectos no se han limitado a Francia. Los mensajes han sido adaptados a los contextos nacionales para desalentar cualquier alineación política con esta visión. En Europa Central y del Este, la autonomía ha sido equiparada con el abandono de la OTAN; en el Sur, con una ambición hegemónica francesa; en el Oeste, con el riesgo de militarización y pérdida de control democrático. Así, Macron se ha convertido en la figura-símbolo a través de la cual se ha deslegitimado preventivamente la idea de autonomía estratégica. En este sentido, la campaña de desinformación no ha interrumpido el debate sobre el ejército europeo, sino que ha mostrado cuán incómoda se ha vuelto.

Cómo se ve militarmente Europa en la realidad

No tenemos un Ejército Europeo, pero Europa ya está profundamente militarizada, de una manera desigual y a menudo mal entendida. La militarización no se reduce al nivel de los presupuestos, sino que resulta de una acumulación de factores que incluyen el tamaño y la estructura de las fuerzas, la capacidad de combate, la existencia de reservas, la doctrina militar y la base industrial. Polonia es el ejemplo más claro de militarización acelerada, con asignaciones que superan el 4% del PIB para defensa, numerosas fuerzas terrestres, reservas extensas y adquisiciones rápidas de tanques, artillería y aviación, pero con una doctrina predominantemente defensiva y una alta dependencia de Estados Unidos para tecnología e inteligencia. Los Estados Bálticos y Finlandia invierten constantemente por encima del umbral del 2%, tienen movilización rápida y reservas significativas en relación con la población, pero no disponen de capacidades de proyección de fuerza. En contraste, Francia y el Reino Unido son los únicos estados europeos que combinan el presupuesto, la doctrina y la logística necesarias para operaciones externas sostenidas, desde el Sahel hasta el Indo-Pacífico, con cadenas de mando autónomas y capacidades de disuasión nuclear.

Alemania ilustra la diferencia entre potencial y realidad, teniendo una industria de defensa importante y un presupuesto en crecimiento, pero enfrentándose a problemas documentados de disponibilidad operativa y restricciones políticas relacionadas con el uso de la fuerza. La diferencia entre la militarización percibida y la efectivamente existente es a menudo significativa. Polonia y Rumanía son frecuentemente percibidas públicamente como estados hipermilitarizados debido a los aumentos presupuestarios y la presencia de la OTAN, pero no pueden sostener operaciones autónomas a largo plazo sin apoyo aliado.

En sentido inverso, Francia es menos vocal en el discurso público europeo, pero mantiene una presencia militar continua en África y la capacidad de intervención rápida. Suecia, antes de unirse a la OTAN, rara vez era percibida como un estado militarizado, aunque contaba con una industria de defensa completa, que abarcaba los ámbitos aéreo, naval y terrestre, y con una doctrina de defensa total. Estos ejemplos muestran que la militarización real no es una cuestión de retórica o de gastos aislados, sino de la capacidad probada de actuar, de sostener operaciones y de tomar decisiones militares autónomas.

La interoperabilidad operacional ya existe en Europa, pero se ha construido fuera del marco de la Unión, principalmente a través de la OTAN y de cooperaciones bilaterales o regionales estables. Los ejemplos más claros son la brigada franco-alemana, la fuerza anfibia común británico-holandesa, el cuerpo germano-holandés y la integración casi completa de algunas unidades holandesas en estructuras alemanas.

Los Estados Bálticos, Polonia, Rumanía y Alemania operan constantemente en grupos de combate de la OTAN y en estructuras de tipo Enhanced Forward Presence, utilizando procedimientos comunes, cadenas de mando de la OTAN y reglas de compromiso probadas en la práctica. En estos casos, la interoperabilidad no es solo doctrinal, sino demostrada a través de rotaciones permanentes, misiones reales y mando integrado. El uso de las mismas plataformas y sistemas, como el F-35, Patriot, HIMARS, la infraestructura de mando y control de la OTAN y los estándares STANAG, aseguran compatibilidad técnica inmediata, independientemente de la bandera nacional.

La misma interoperabilidad se observa en ejercicios recurrentes de gran envergadura, como Defender Europe, Cold Response, Steadfast Defender o BALTOPS, donde los mismos ejércitos se entrenan anualmente en escenarios similares, con procedimientos y cadenas de mando idénticas. En la práctica, la OTAN sigue siendo la infraestructura real de la interoperabilidad europea, mientras que la Unión desempeña un papel secundario, centrado en el apoyo material, la industria y la movilidad, no en el mando militar. Las cooperaciones regionales a menudo funcionan de manera más eficiente que los mecanismos de la UE precisamente porque ofrecen claridad política y militar, en el sentido de definir sin ambigüedades las responsabilidades de mando y ejecución.

Por esta razón, ya existe una interoperabilidad de facto entre numerosos ejércitos europeos, construida antes de cualquier decisión política común, lo que explica el actual paradoja de Europa, que dispone de ejércitos capaces de luchar juntos, pero aún no tiene un marco político común que decida cuándo y por qué lo hacen.

La decisión que no puede ser delegada

Construir un aparato centralizado de decisión para el uso de la fuerza requeriría, antes que nada, resolver la pregunta que la Unión evita obstinadamente, la del derecho legítimo de enviar hombres a la guerra. En la arquitectura actual, este poder pertenece a los estados miembros y se ejerce a través de gobiernos, a menudo condicionado por el voto parlamentario nacional.

Un modelo europeo implicaría o bien una decisión tomada en el Consejo, lo que seguiría siendo de hecho una decisión intergubernamental, o bien una delegación a una estructura ejecutiva común, ambas opciones planteando serios problemas de legitimidad. La unanimidad bloquearía casi con seguridad la reacción rápida. La decisión mayoritaria generaría contestación política interna en los estados obligados a participar en contra de su voluntad, y la delegación a un ejecutivo implicaría una transferencia de soberanía que los tratados y las constituciones nacionales no permiten en la actualidad.

Para evitar la parálisis, el único modelo realista seguiría siendo el de coaliciones de estados dispuestos a participar, con la posibilidad de que los demás se retiren, exactamente lo que ya ocurre en la práctica. En este punto surge la incómoda pregunta de si tal estructura representaría realmente un ejército europeo o solo una cooperación entre algunos ejércitos nacionales bajo una etiqueta común. Cualquier sistema coherente requeriría aclaraciones a nivel de tratados y, probablemente, modificaciones constitucionales, ya que movería la decisión del nivel nacional a uno común. El umbral más difícil sigue siendo, sin embargo, la asunción de pérdidas, ya que en democracias quienes deciden la guerra soportan el costo político de la muerte, y la Unión aún no dispone de un mecanismo legítimo mediante el cual una decisión común pueda ser asumida como tal, no redistribuida de nuevo hacia las capitales.

Para los estados con ejércitos pequeños o recursos limitados, la reacción ante la idea de un ejército europeo sería inevitablemente ambivalente. Una estructura común podría ser percibida como una garantía adicional de seguridad, especialmente por parte de estados geográficamente expuestos o con capacidades militares reducidas, para quienes la protección colectiva es vital. Al mismo tiempo, la misma estructura sería vista como una pérdida de control sobre una de las pocas palancas restantes de la soberanía nacional. En ausencia de mecanismos claros de decisión, el riesgo real sería que estos estados fueran llamados a contribuir con tropas o recursos sin tener una influencia proporcional sobre el propósito, el momento o los límites de las operaciones.

La experiencia actual en la OTAN muestra que los estados pequeños aceptan contribuciones precisamente porque la decisión final sigue siendo nacional, un equilibrio difícil de replicar en una estructura europea centralizada. En una arquitectura común, los ejércitos pequeños correrían el riesgo de ser integrados funcionalmente, pero marginados políticamente, absorbidos por las prioridades de las grandes potencias militares europeas. Las garantías contra tal escenario deberían ser explícitas y creíbles, en forma del derecho de retirada sin sanciones políticas, de participación real en la planificación, de rotación en funciones de mando y de protección del papel de los parlamentos nacionales.

Sin estas garantías, la solidaridad se volvería rápidamente asimétrica. Los estados con ejércitos pequeños desearían mantener el derecho a rechazar misiones sin ser penalizados y a conservar sus ejércitos nacionales como instrumentos de defensa territorial, no como simples reservas de personal. En ausencia de estas condiciones, una estructura común sería percibida no como un multiplicador de seguridad, sino como un mecanismo de dilución de la influencia y la identidad militar nacional, lo que explica la constante prudencia ante cualquier proyecto de ejército europeo.

OTAN, escenarios-límite y los límites de la seguridad europea

Para cerrar el debate, también debemos referirnos a la relación con la OTAN, pero también a los escenarios en los que esta relación ya no funciona como fue concebida. Un eventual ejército europeo no haría algo fundamentalmente diferente desde el punto de vista militar, pero generaría nuevos problemas políticos. En ausencia de una alternativa política europea, la OTAN sigue siendo el único marco con decisión clara y disuasión creíble. En condiciones normales, en caso de conflicto de prioridades, los estados europeos elegirían casi inevitablemente la OTAN, ya que allí se encuentra la disuasión creíble. La decisión de actuar bajo bandera europea o aliada seguiría siendo una decisión política, tomada por las capitales, no por Bruselas, y una decisión europea independiente sería aceptada por Estados Unidos solo en la medida en que no socave la alianza.

Sin embargo, el problema surge en los escenarios que la arquitectura actual trata de manera insuficiente. Si Estados Unidos se retirara de la OTAN o suspendiera su compromiso político frente al Artículo 5, la alianza seguiría existiendo formalmente, pero perdería su núcleo de disuasión. En un escenario igualmente desestabilizador, en el que un estado miembro de la UE y la OTAN fuera atacado, y el Artículo 5 no se activara por falta de consenso o por cálculo político, Europa se enfrentaría a un vacío estratégico inmediato. En ambos casos, la Unión tendría capacidades militares fragmentadas, interoperables técnicamente, pero sin un marco político común de decisión, sin una cadena de mando legítima y sin un mecanismo claro de asunción de riesgos. Precisamente estos escenarios explican por qué la autonomía operacional ya no es suficiente y por qué el debate se desplaza, inevitablemente, hacia la legitimidad política.

Este es el verdadero límite del proyecto europeo de seguridad. Europa puede volverse más autónoma en términos de capacidades, movilidad e industria, pero no puede sustituir una alianza de seguridad mientras no asuma la decisión política última y la responsabilidad que de ella se deriva. Por eso, la pregunta final no es si Europa quiere un ejército común, sino si está dispuesta a construir la legitimidad democrática, política y estratégica necesaria para actuar en un momento en que las garantías externas ya no son automáticas. Sin esta legitimidad, cualquier fuerza común sigue siendo una construcción incompleta, y cualquier autonomía permanece condicionada.

Y la prueba de que la situación se encuentra en un punto de gran inflexión y que todas las partes saben este hecho es la declaración de fin de año hecha por el jefe de la OTAN, el ex primer ministro holandés, Mark Rutte, quien rechaza explícitamente la idea de una separación militar de Europa de los Estados Unidos. Rutte insiste en que Washington sigue "totalmente comprometido" con la OTAN, subrayando al mismo tiempo que Europa debe asumir más responsabilidad por su propia seguridad, incluida el aumento de los gastos de defensa, pero dentro del marco transatlántico, no fuera de él. Su mensaje traza el límite actual del proyecto europeo. La autonomía es aceptable como esfuerzo, capacidad y responsabilidad aumentada, pero no como ruptura política o militar. Europa es alentada a volverse más fuerte, pero no a volverse independiente en el sentido de la decisión última. Y esta distinción, entre asunción y separación, es precisamente el espacio en el que el Ejército Europeo sigue siendo imposible, y la autonomía estratégica permanece condicionada.