"La Ley Magnitsky" de la UE, revisada: Los eurodiputados piden incluir la corrupción en la lista de sanciones y cerrar las puertas legislativas.
Bruselas, 2 de diciembre de 2025 La Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) ha adoptado un conjunto de recomendaciones críticas sobre la eficacia del Régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos (conocido como la Ley Magnitsky de la UE). La votación, que terminó con 44 a favor, 15 en contra y 4 abstenciones, busca transformar las sanciones de un gesto simbólico en un arma estratégica coherente contra la impunidad global.
En resumen
Solicitud para incluir sanciones anticorrupción en el marco actual y cerrar las lagunas que permiten eludir las medidas.
La sociedad civil podría recibir un papel formal en la propuesta de criterios de inclusión de los abusadores.
Solo 156 listados (120 individuos, 36 entidades) activos hasta mayo de 2025; la revisión de 2026 se ve como el momento crucial para un reinicio.
El informe de los eurodiputados señala que, aunque el instrumento es esencial, no alcanza su máximo potencial debido a desafíos operativos, geográficos y jurídicos. El texto reafirma el compromiso de combatir la impunidad, pero pide pasar de las declaraciones a los hechos: una evaluación estricta del impacto y una aplicación mucho más rigurosa por parte de los Estados miembros. Un punto crítico identificado es la falta de sanciones por corrupción en el marco actual, insistiendo los eurodiputados en que este mecanismo debe integrarse rápidamente para golpear las fuentes financieras de los regímenes abusivos.
El sistema actual es vulnerable a "trucos" legislativos. El informe propone la identificación urgente de formas de prevenir la elusión de sanciones (circunvención), una práctica cada vez más frecuente mediante la cual los activos se trasladan a jurisdicciones amigables. Una innovación importante propuesta es la apertura del proceso de inclusión: el Parlamento Europeo y las organizaciones de la sociedad civil podrían contribuir directamente al proceso de sugerencia de criterios de inclusión, dando voz a quienes documentan abusos sobre el terreno. Este enfoque democratizaría el mecanismo y aseguraría que las sanciones apunten a los verdaderos responsables, no solo a los intermediarios.
El ponente Antonio López Istúriz White (PPE, España) subraya que la UE debe hacer más que reaccionar; debe utilizar las sanciones "de manera estratégica y coherente", alineadas con los objetivos amplios de política exterior. La extensión del régimen actual hasta diciembre ofrece una ventana de oportunidad para una revisión completa en 2026. Esta reforma se ve como la última oportunidad para corregir las deficiencias actuales antes de que el instrumento pierda credibilidad. El informe será sometido a votación final en la sesión plenaria a principios de 2026.
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