La CPI acusa a los dirigentes talibanes de crímenes contra la humanidad, en particular contra las niñas y mujeres afganas al restringir sus derechos fundamentales. Las órdenes de detención se dictan en medio de las medidas represivas impuestas por los talibanes, entre ellas la prohibición de escolarizar a las niñas a partir del sexto curso y la exigencia de que las mujeres se cubran completamente el cuerpo. Aunque la CPI no tiene fuerzas policiales, las órdenes no permiten viajar a los Estados miembros sin riesgo de detención.
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