La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió no analizar el recurso presentado por Kim Davis, la ex funcionaria de Kentucky, quien, en 2015, se negó a emitir certificados de matrimonio para parejas del mismo sexo, invocando motivos religiosos. Como resultado de esta decisión, Davis enfrenta la obligación de pagar indemnizaciones y gastos judiciales por un valor de 360,000 dólares. La Corte no ofreció explicaciones para rechazar el recurso, una práctica habitual en tales casos. Esta resolución fue observada con interés, teniendo en cuenta que el tribunal, con una mayoría conservadora de 6 a 3, anuló en 2022 el precedente Roe v. Wade, que garantizaba el derecho al aborto.
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