Suharto, que dirigió el país con mano de hierro hasta 1998, fue acusado de corrupción masiva y violaciones de los derechos humanos, incluida la represión sangrienta de la oposición. El secretario de estado Prasetyo Hadi defendió la decisión del gobierno, afirmando que Suharto contribuyó significativamente a la nación. Los críticos consideran que otorgar este título representa una traición a las víctimas y a los valores democráticos, normalizando la impunidad por los crímenes cometidos durante su régimen.
La ONG Kontras declaró que Suharto no merece este título, teniendo en cuenta las graves acusaciones que se le imputan.
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