Los fiscales surcoreanos han solicitado la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, en el marco del recurso contra su condena por rebelión. El exlíder fue condenado a cadena perpetua en febrero, después de que el tribunal determinara que movilizó ilegalmente al ejército y a la policía para tomar el control del Parlamento, arrestar a sus adversarios políticos e instaurar un gobierno autoritario.
El equipo coordinado por el fiscal especial Cho Eun-suk considera que la gravedad de los hechos y la amenaza para la democracia justifican la aplicación de la pena capital. El Tribunal Superior de Seúl aún no ha fijado la fecha del veredicto. La defensa rechaza las acusaciones y sostiene que la declaración de la ley marcial, el 3 de diciembre de 2024, pretendía llamar la atención sobre el bloqueo político provocado por la oposición.
El decreto fue anulado unas horas después mediante una votación del Parlamento. Yoon fue suspendido el 14 de diciembre de 2024 y, en abril de 2025, el Tribunal Constitucional lo destituyó definitivamente. Corea del Sur no ha ejecutado a nadie desde 1997, por lo que una eventual condena a muerte probablemente no implicaría su ejecución. El expresidente también recurre una condena separada a 30 años de prisión, en un caso relacionado con el envío de drones a Corea del Norte.
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