La Iglesia Ortodoxa Ucraniana, la mayor comunidad religiosa de Ucrania, se enfrenta a una investigación gubernamental que podría llevar a la pérdida de su estatus jurídico. La ley de 2024 prohíbe las organizaciones vinculadas a la iglesia rusa, y la BOU ha sido acusada de no haber tomado medidas suficientes para desvincularse de Moscú. Si se prohíbe, la Iglesia ya no podrá utilizar propiedades pertenecientes al estado. El gobierno sostiene que la Iglesia Ortodoxa Ucraniana es una rama de un estado agresor, mientras que la BOU afirma que ha declarado su independencia de Moscú. La disputa ha generado controversias internacionales y preocupaciones sobre la libertad religiosa.
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