Este proceso es parte de la reestructuración de la Entidad Estatal para Viviendas, subordinada al Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez. La licitación priorizará a los operadores con experiencia en la gestión de viviendas sociales, con el objetivo de una gestión integrada de las viviendas del portafolio de la antigua entidad Sepes. Además, el Ministerio de Vivienda introducirá requisitos específicos para asegurar una gestión responsable, incluyendo una cláusula "anti-fondos" para evitar la adjudicación de servicios por criterios económicos. El nuevo modelo incluirá medidas para prevenir el riesgo de pérdida de vivienda y un sistema de penalizaciones e incentivos para los administradores que cumplan con los estándares de calidad. La evaluación de la calidad de los servicios se realizará anualmente a través de encuestas de satisfacción entre los inquilinos.
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