Portugal se encuentra en un estado de bloqueo total, ya que los dos grandes sindicatos, CGTP y UGT, han declarado una huelga general por primera vez en 12 años, como reacción a un paquete de reformas laborales adoptado por el gobierno. Estas reformas son consideradas un ataque a los derechos de los trabajadores, especialmente de las mujeres y los jóvenes, y permiten a los empleadores extender indefinidamente los contratos temporales. Las protestas afectan el transporte, los hospitales y otros servicios públicos, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido una advertencia de viaje. El primer ministro Luís Montenegro sostiene que las reformas mejorarán los salarios, pero los sindicatos cuestionan esto, afirmando que las medidas favorecen a los empleadores.
Además, los sindicatos advierten que las modificaciones podrían afectar la Constitución de Portugal, y la oposición a estas reformas es fuerte, incluso por parte de algunos miembros de la coalición gubernamental. La huelga no se limita al sector público, y los empleados de grandes fábricas, como Autoeuropa, se han unido a la protesta, subrayando el impacto negativo de las reformas sobre todos los trabajadores del país.
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