El parlamento griego ha adoptado una ley que criminaliza la estancia ilegal y prevé la devolución forzada de los solicitantes de asilo rechazados, a pesar de las críticas internacionales.

La nueva ley adoptada por el Parlamento griego criminaliza la estancia ilegal, castigada con prisión de entre dos y cinco años, y permite la "devolución forzada" de los solicitantes de asilo rechazados. Criticada por organizaciones internacionales y partidos de oposición, la ley fue apoyada por el gobierno conservador Nueva Democracia y sus aliados. El Ministro de Migración declaró que los inmigrantes ilegales serán devueltos y que no obtendrán estatus legal en Grecia, endureciendo así la política migratoria en el contexto de las recientes llegadas de migrantes.