El gobierno español ha acusado a Pavel Durov, fundador de Telegram, de difundir mentiras y socavar la confianza en las instituciones democráticas, después de que este criticara los planes de regulación de las redes sociales para proteger a los menores. Durov advirtió que las medidas propuestas podrían convertir a España en un "estado de vigilancia" y erosionar el anonimato de los usuarios. Afirmó que la responsabilización de las empresas tecnológicas por el contenido dañino podría llevar a una censura excesiva.
El gobierno español reaccionó, afirmando que el mensaje de Durov es un intento de socavar la autoridad y destacó la necesidad de regular las redes sociales. Además, Durov ha estado involucrado en controversias relacionadas con el uso de Telegram en actividades ilegales, siendo arrestado en 2024 en Francia por acusaciones de fraude y tráfico de drogas. Esta situación refleja las crecientes tensiones entre los gobiernos europeos y los líderes de las empresas tecnológicas.
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