Los cambios normativos se adoptaron tras el incidente de diciembre, cuando el ex presidente Yoon Suk Yeol declaró abruptamente la ley marcial, desatando la indignación y las protestas. El decreto fue rápidamente anulado por el Parlamento, que tuvo que ir más allá de las fuerzas de seguridad para ejercer su autoridad. Las nuevas normas prohíben a los parlamentarios entrar en el edificio de la Asamblea Nacional y limitan la intervención policial o militar sin la aprobación del presidente.
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