Antes de la votación parlamentaria sobre el presupuesto, el Gobierno de París anunció que la economía francesa crecería solo un 0,5% en 2026 y que el objetivo de déficit presupuestario del 5% del PIB ya no podía alcanzarse. El ministro de Finanzas atribuyó la revisión a las incertidumbres políticas internas, al aumento de los precios de la energía, a las condiciones meteorológicas extremas durante el verano y al incremento de los costes de endeudamiento, manteniendo, no obstante, la previsión de crecimiento para el año siguiente.
Paralelamente, Francia se enfrentaba a protestas masivas y a una presión presupuestaria cada vez más visible: la deuda pública había alcanzado aproximadamente los 3.500 mil millones de euros, mientras que el rendimiento de los bonos franceses a 10 años había subido al 5,14% (el nivel más alto desde 2002). El Gobierno también rechazaba las solicitudes de modificar el calendario presidencial, alegando el riesgo de nuevos actos de violencia tras las protestas anteriores y sosteniendo que los comicios debían celebrarse en las fechas establecidas.
