En octubre, Francia se vio afectada por protestas que degeneraron en violencia, saqueos y destrucción en varias ciudades, incluida Marsella, donde edificios públicos fueron incendiados y vandalizados. El presidente Emmanuel Macron pidió que las escenas de «caos» del 17 de octubre no se repitieran, y el Gobierno decidió que las futuras rutas de las manifestaciones se mantuvieran fuera de los centros de las ciudades para proteger los comercios y el orden público.
Ante la preocupación por nuevos enfrentamientos, las autoridades anunciaron movilizaciones cada vez mayores: se reforzó la policía, con la posibilidad de utilizar unidades especiales, helicópteros, cañones de agua y vehículos blindados, mientras que los militares debían proteger objetivos sensibles. En las protestas anteriores se informó de miles de detenciones, y el periódico también mencionó el impacto económico sobre el comercio.
Asimismo, el Gobierno vinculó la escalada con acusaciones sobre la infiltración de algunos grupos y con la influencia de las redes sociales. El ministro del Interior Laurent Nuñez reconoció sus responsabilidades tras la violencia del 17 de octubre, pero Macron rechazó su dimisión y ordenó la rápida aplicación de medidas contra los implicados en los saqueos y los disturbios.
