La nueva legislación permite la retirada del derecho a viajar sin visa en caso de riesgos de seguridad o violaciones de los derechos humanos. Esto añade motivos adicionales para la suspensión y ofrece a la UE flexibilidad en la gestión de la emisión de visados. La reforma establece umbrales claros para la suspensión y entrará en vigor tras la aprobación formal por parte del Consejo.
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