El juez James Gion de Dakota del Norte decidió reducir las indemnizaciones otorgadas por un jurado contra Greenpeace, de 667 millones de dólares a 345 millones, considerando que parte de estas eran inapropiadas o excesivas. Greenpeace fue acusada por la empresa Energy Transfer de haber difundido información falsa y de haber pagado a manifestantes para perturbar la construcción del oleoducto Dakota Access Pipeline, un proyecto controvertido que transporta el 40% del petróleo extraído de la región de Bakken.
El proyecto ha generado protestas intensas por parte de organizaciones ecologistas y activistas indígenas, quienes han sostenido que podría contaminar las fuentes de agua y agravar el cambio climático. Greenpeace ha declarado que las acusaciones restantes no tienen fundamento legal y que el proceso refleja un intento de intimidación por parte de una corporación rica. Además, Greenpeace ha presentado una demanda contra Energy Transfer en los Países Bajos, invocando una ley europea contra acciones judiciales abusivas.
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