Madame Mandiaye Niang, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), declaró que las sanciones impuestas por la administración Trump tratan a los magistrados de la CPI como "terroristas y traficantes de drogas", afectando su vida diaria. Niang, objeto de estas sanciones en represalia por las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, subrayó que tales medidas socavan la credibilidad del tribunal de La Haya. Explicó cómo las sanciones le afectan en aspectos personales y financieros, incluyendo la imposibilidad de usar su tarjeta de crédito y de transferir dinero a su familia. Aunque reconoce el papel de las sanciones en las relaciones internacionales, Niang advirtió que los ataques contra la CPI corren el riesgo de anular la legitimidad de este tribunal, que juzga crímenes de guerra. Mencionó que las órdenes de arresto para Netanyahu y el presidente ruso Vladimir Putin aún no han llevado a acciones en el tribunal, teniendo en cuenta que la CPI depende de los estados para la captura de los sospechosos.
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