Las nuevas normas del Departamento de Estado de EE. UU. clasifican las políticas DEI y las subvenciones para el aborto como violaciones de los derechos humanos, generando controversia.

El Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido nuevas instrucciones para las embajadas y consulados estadounidenses, estableciendo que los países que promueven la diversidad racial o de género, la equidad y la inclusión (DEI) pueden ser considerados como violando los derechos humanos. Además, la financiación del aborto y la facilitación de la inmigración en masa están incluidas en esta categoría. Estos cambios reflejan una modificación significativa en el enfoque de Washington hacia los derechos humanos, subrayando una orientación ideológica de la administración Trump.

Los activistas por los derechos humanos critican estas medidas, argumentando que redefinen los principios universales de los derechos humanos para perseguir objetivos políticos internos. Las nuevas reglas también apuntan a las operaciones de cambio de sexo para niños y a las restricciones sobre la libertad de expresión. El informe anual sobre derechos humanos ha sido significativamente reescrito, reduciendo las críticas hacia los aliados y amplificando la desaprobación hacia los enemigos percibidos, lo que ha generado controversias y preocupaciones sobre el respeto a los derechos fundamentales.