Antes de las protestas, las organizaciones plantearon públicamente el problema de la transparencia en relación con el consumo de recursos: Lighthouse Reports presentó una denuncia contra la Comisión Europea, alegando que la información sobre la energía y el agua utilizadas por los centros de datos no es suficientemente accesible para cada ubicación, debido a las normas relacionadas con el secreto comercial. La denuncia será analizada en noviembre por el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus.
Paralelamente, las autoridades intervinieron en casos ambientales concretos: en Finlandia, la agencia de vigilancia ambiental pidió a Google que suspendiera los trabajos preparatorios para los centros de datos previstos en Muhos y Kajaani, después de que supuestamente se deforestaran más de 300 hectáreas sin la evaluación obligatoria del impacto. Google reconoció que no había respetado sus normas internas y anunció que seguiría las indicaciones de las autoridades.
También en Europa occidental, los proyectos afrontaron dificultades relacionadas con la infraestructura energética: Microsoft renunció a un acuerdo para un centro de datos en el Reino Unido, en la zona de Loughton (Essex), alegando retrasos y problemas de conexión a la red eléctrica.
