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La ANAF ya no puede determinar, en 2026, cuántas personas y cuántas empresas operan en la industria del videochat, ni qué ingresos llegan a las arcas del Estado. La institución señaló, en una respuesta citada por Digi24, que la actividad no está registrada de forma diferenciada en la Clasificación de Ocupaciones de Rumanía, en los códigos CAEN ni en la Declaración única.
La situación difiere de los datos presentados en 2023, cuando el entonces jefe de la ANAF, Lucian Heiuș, estimaba la existencia de aproximadamente 5.000 sociedades y 400.000 personas implicadas en el sector. En aquel momento, la autoridad fiscal sostenía que podía rastrear los ingresos percibidos a través de plataformas y transferencias bancarias.
En 2025, los inspectores Antifraude anunciaron que habían identificado al menos a 500 personas que no habían declarado ingresos del orden de millones de lei. La recuperación de las cantidades se veía dificultada por el hecho de que algunas entidades tenían su sede en el extranjero.
Las empresas utilizan varios códigos CAEN, entre ellos 9609, 6311 y 6312, lo que dificulta delimitar el sector y evaluar su tributación. Paralelamente, la Asociación A.D.U.L.T. demandó al Ministerio del Interior para aclarar el estatus legal de determinadas actividades para adultos, incluido el videochat. Una clasificación unitaria podría establecerse mediante una intervención legislativa.
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