
El Ministro de Trabajo, Florin Manole, declaró que es esencial que hasta finales de noviembre exista un consenso en la coalición para la adopción de la ley de pensiones de los magistrados, de lo contrario, Rumanía podría perder 231 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). Manole explicó que, en caso de que se espere un dictamen del CSM, el proceso podría retrasarse significativamente, dejando muy poco tiempo para completar los procedimientos necesarios.
Subrayó que es importante llegar a un consenso con el CSM, la Alta Corte y los magistrados, para evitar pérdidas financieras. Además, Manole mencionó que en la reciente reunión del gobierno no se discutió sobre esta ley, pero aseguró que el Ministerio de Trabajo ha colaborado estrechamente con el primer ministro y otras instituciones para avanzar en el proyecto.
Fuentes

