El límite del 30% para los alumnos sin ciudadanía italiana, introducido por el Gobierno de Giorgia Meloni mediante un decreto sobre la educación, ha llamado la atención de la Comisión Europea. La medida se aplicará a partir del curso escolar 2027/2028 y afecta directamente a los padres rumanos en Italia, ya que la comunidad rumana es una de las más numerosas entre los alumnos con ciudadanía extranjera.
La Comisión Europea advirtió de que los tratados de la UE prohíben la discriminación directa o indirecta por motivos de nacionalidad. La vicepresidenta ejecutiva Roxana Mînzatu afirmó que Bruselas sigue de cerca el decreto. Sin embargo, el ministro Giuseppe Valditara sostiene que la norma se refiere al nivel de conocimiento del idioma y a la integración, no a la ciudadanía.
El Decreto-ley n.º 170, aprobado el 24 de septiembre y en vigor desde el 1 de octubre de 2026, debe convertirse en ley antes del 29 de noviembre. El texto está siendo examinado por el Senado, donde se han presentado aproximadamente 800 enmiendas.
La norma se aplica únicamente a los primeros cursos. Afecta a los alumnos sin ciudadanía italiana que no hayan nacido en Italia, no hayan asistido al menos dos años a la escuela infantil o, en la educación secundaria básica y superior, no hayan cursado con resultados positivos un mínimo de tres años en el sistema italiano. El decreto también prevé cursos gratuitos de italiano para los padres. La medida no surtirá efectos durante el curso escolar actual y puede ser modificada por el Parlamento.
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