Antes de esta investigación, las autoridades italianas desmantelaron redes acusadas de explotar a trabajadores extranjeros en la agricultura. En el norte de Italia, la Policía Financiera de Trento confiscó aproximadamente 790.514 euros a un agricultor y a sus familiares, después de que los investigadores informaran de que 84 trabajadores (incluidos rumanos) habrían sido reclutados para recoger frutos del bosque, trabajar sin contrato y recibir una remuneración inferior al nivel legal, con deducciones de dinero por el alojamiento, el transporte y artículos básicos.
Por separado, los carabinieri de la zona de Asti investigaron la explotación de unos trabajadores rumanos alojados en condiciones insalubres y pagados con poco más de 2 euros por hora: 15 personas habrían sido alojadas en un edificio con camas improvisadas y un solo baño, y los documentos de identidad habrían sido retenidos por los propietarios de la vivienda. En la investigación fueron identificados un padre y su hijo, denunciados por intermediación ilegal y explotación laboral, mientras que en otra ubicación los investigadores suspendieron la actividad de un agricultor y le impusieron multas después de que presuntamente utilizara trabajadores sin formación, equipos de protección ni supervisión médica.