Una cuidadora de Rumanía fue identificada por los agentes de la Guardia di Finanza de Ancona, Italia, trabajando ilegalmente como cuidadora mientras recibía la indemnización por desempleo NASpI. Esta fue contratada para brindar cuidado a una mujer anciana, a pesar de que se beneficiaba de apoyo financiero destinado exclusivamente a desempleados. Las autoridades descubrieron que la rumana había recibido indebidamente menos de 4.000 euros, lo que constituye una infracción administrativa, exponiéndola a una multa entre 5.164 y 25.822 euros.
Además, el empleador fue sancionado por la contratación ilegal de la trabajadora. Esta acción forma parte de un programa más amplio de la Policía Financiera para combatir el trabajo no declarado en el sector del cuidado doméstico, protegiendo así el presupuesto público y asegurando el uso correcto de las subvenciones.
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