El prefecto de la capital, Andrei Nistor, anunció que el Cuerpo de Control del Ministerio del Interior ha sido enviado a la Prefectura de Bucarest para verificar el contrato de alquiler con RA-APPS, firmado por 25.000 lei al mes, más utilidades. Nistor subrayó que las facturas recibidas han superado constantemente los 140.000 lei, llegando hasta 220.000 lei al mes, sin que el ex-prefecto firmara el último acto adicional.
Explicó que, aunque la ley establece que el Ayuntamiento debe poner a disposición de la Prefectura un espacio gratuito, el ex-prefecto decidió en 2022 alquilar un espacio, lo que llevó a estos costos exorbitantes. Nistor espera que las verificaciones ayuden a resolver el problema y permitan la digitalización de la Prefectura, que está bloqueada debido a la falta de presupuesto.
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