La Unión Nacional de Abogados de Rumanía (UNBR) ha declarado que se opone firmemente a la propuesta del Gobierno de eliminar el mecanismo de indexación anual de los honorarios de oficio, subrayando que estos honorarios no representan un beneficio para los abogados, sino que son esenciales para garantizar el derecho a la defensa. UNBR solicita la retirada inmediata de la propuesta, mencionando que la falta de consulta en su elaboración plantea problemas de lealtad institucional y respeto por el diálogo democrático.
La modificación propuesta del artículo 84 de la Ley 51/1995 permitiría la indexación de los honorarios solo mediante resolución gubernamental, lo que eliminaría la previsibilidad y transformaría una obligación legal del estado en una decisión política arbitraria. UNBR advierte que esta medida afecta el acceso de los ciudadanos a la justicia y subraya que la subfinanciación de la justicia es un problema crónico. La eliminación de la indexación automática, en un contexto de inflación, llevaría a la subfinanciación deliberada de la defensa y a la transferencia de costos a los abogados.
La Unión subraya que los retrasos en el pago de los honorarios de oficio reflejan la forma en que el estado trata a los ciudadanos y sus derechos fundamentales. UNBR considera inadmisible que, en condiciones de presión sobre la justicia, la solución del Gobierno sea debilitar la defensa, que representa la última línea de protección para los ciudadanos frente a las autoridades del estado.
La modificación propuesta del artículo 84 de la Ley 51/1995 permitiría la indexación de los honorarios solo mediante resolución gubernamental, lo que eliminaría la previsibilidad y transformaría una obligación legal del estado en una decisión política arbitraria. UNBR advierte que esta medida afecta el acceso de los ciudadanos a la justicia y subraya que la subfinanciación de la justicia es un problema crónico. La eliminación de la indexación automática, en un contexto de inflación, llevaría a la subfinanciación deliberada de la defensa y a la transferencia de costos a los abogados.
La Unión subraya que los retrasos en el pago de los honorarios de oficio reflejan la forma en que el estado trata a los ciudadanos y sus derechos fundamentales. UNBR considera inadmisible que, en condiciones de presión sobre la justicia, la solución del Gobierno sea debilitar la defensa, que representa la última línea de protección para los ciudadanos frente a las autoridades del estado.
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