La fiscal general de Rumanía, Cristina Chiriac, ha anunciado que la Fiscalía de la Alta Corte de Casación y Justicia rechaza el proyecto de ley sobre la remuneración del personal pagado con fondos públicos, que fue considerado por Nicușor Dan como teniendo consenso en el Parlamento. El proyecto es visto como una amenaza a la situación de los fiscales, ya que disminuiría los derechos salariales y las garantías financieras esenciales para la independencia del sistema judicial.
El Consejo Superior de la Magistratura también ha rechazado el proyecto. La Fiscalía General subraya que las medidas propuestas podrían llevar a la paralización de la actividad de los tribunales y fiscalías superiores, desmotivando al personal y afectando la atractividad de la profesión para los futuros graduados en derecho. Además, se llama la atención sobre el impacto negativo en los fiscales que ingresarán al sistema tras la adopción de la ley, teniendo salarios más bajos que los anteriores. La Fiscalía solicita la implicación de los ordenadores de créditos en las discusiones sobre el proyecto de ley, advirtiendo que la adopción de este en su forma actual podría afectar gravemente el funcionamiento del sistema judicial y la calidad del acto de justicia.
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