El presidente Nicușor Dan ha promulgado una ley que introduce reglas estrictas de integridad en las instituciones públicas, un paso importante en el proceso de adhesión de Rumanía a la OCDE. La Agencia Nacional de Integridad (ANI) ha detallado estas novedades legislativas, que prohíben a las personas empleadas en funciones públicas controlar o firmar contratos con entidades privadas con las que han trabajado en el último año. Además, estos no pueden llevar a cabo actividades profesionales que se superpongan con las responsabilidades anteriores.
La ley incluye medidas para prevenir conflictos de intereses, reglas claras para las influencias post-empleo, así como obligaciones para las instituciones públicas de designar personas responsables para la gestión de estas declaraciones. ANI ofrecerá capacitación especializada y desarrollará orientaciones metodológicas para apoyar la correcta aplicación de la ley. La digitalización del proceso de presentación de declaraciones a través de la plataforma eDAI reducirá la burocracia y uniformizará su gestión. Estas medidas son esenciales para fortalecer la integridad institucional y aumentar la confianza del público en el estado.
La ley incluye medidas para prevenir conflictos de intereses, reglas claras para las influencias post-empleo, así como obligaciones para las instituciones públicas de designar personas responsables para la gestión de estas declaraciones. ANI ofrecerá capacitación especializada y desarrollará orientaciones metodológicas para apoyar la correcta aplicación de la ley. La digitalización del proceso de presentación de declaraciones a través de la plataforma eDAI reducirá la burocracia y uniformizará su gestión. Estas medidas son esenciales para fortalecer la integridad institucional y aumentar la confianza del público en el estado.
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