El ministro interino de Justicia, Cătălin Predoiu, ha enviado al Parlamento un proyecto de reforma de la Agencia Nacional de Integridad (ANI), que prevé que las declaraciones de bienes e intereses de los dignatarios no se publiquen más. Esta decisión viene después de una resolución del Tribunal Constitucional de mayo de 2025, que estableció que ciertas partes de estas declaraciones infringen el derecho a la vida privada. Aunque el CCR no impuso la secretización total de las declaraciones, el Parlamento no ha actualizado la legislación, y las declaraciones no se han publicado desde entonces.
El proyecto de Predoiu mantiene la secretización, y el exministro Radu Marinescu ha criticado la ausencia de disposiciones de publicidad de las declaraciones en el nuevo proyecto, mencionando que dejó una Ordenanza de Urgencia que incluía estas medidas. El proyecto prevé que 46 categorías de dignatarios, incluidos el presidente, el primer ministro y los ministros, deben presentar declaraciones, pero sin publicidad. La decisión del CCR ha sido impugnada por algunos políticos, incluido el alcalde Nicușor Dan, quien ha subrayado la importancia de la transparencia en las funciones públicas.
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