La nueva ley de la Agencia Nacional de Integridad (ANI) ha sido reintroducida en el debate de los parlamentarios, después de que el Tribunal Constitucional rechazara ciertas disposiciones relacionadas con la transparencia de las declaraciones de patrimonio de los dignatarios.
Los diputados discuten las enmiendas necesarias para alinear el acto normativo con la decisión del CCR. USR ha propuesto la introducción de un archivo público para cada dignatario, que respete los límites establecidos por el CCR, pero que permita el acceso de los ciudadanos y la prensa a información esencial sobre sus intereses financieros. Este archivo incluiría información sobre las empresas en las que el dignatario tiene intereses, los contratos con el estado, los cargos ocupados en organizaciones o partidos, así como la estimación de su patrimonio y deudas.
El diputado de USR, Alexandru Dimitriu, subrayó la importancia de la transparencia, mencionando que una ley de integridad sin transparencia no cumple su propósito.
El Tribunal Constitucional declaró una enmienda que prevé la cesación del cargo para las personas en estado de incompatibilidad, pero rechazó otra enmienda relacionada con la obligación de los cónyuges de completar las declaraciones de patrimonio.
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