El presidente Nicușor Dan intervino en la controversia generada por la adopción de una ley por parte del Senado de Rumanía, a través de los votos del PSD y AUR, que impone a las ONG la obligación de hacer pública la lista de donantes bajo la amenaza de disolución. En una publicación pública, Dan subrayó que la transparencia es importante, pero la obligación de hacer públicos los nombres de los donantes podría inhibir el apoyo de los ciudadanos a las ONG, afectando así a la sociedad civil.
Propuso que las organizaciones representativas de la sociedad civil sean invitadas a debates para discutir sobre estas regulaciones. El proyecto de ley, iniciado por AUR, fue adoptado por mayoría de votos y prevé la obligación de las ONG de declarar anualmente todas las fuentes de financiación. USR votó en contra de la iniciativa, considerándola un acto iliberal, similar a medidas de regímenes autoritarios. El proyecto debe ser debatido en la Cámara de Diputados, que decidirá su destino.
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