Los fiscales de Bucarest han emitido un dictamen negativo para la modificación de las pensiones de los magistrados, solicitando al CSM que proceda de la misma manera.

El 24 de noviembre de 2025, la Asamblea General de los fiscales de la Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Bucarest votó en contra del proyecto de ley del Gobierno que busca modificar las pensiones de los magistrados, solicitando al Consejo Superior de la Magistratura (CSM) que emita un dictamen negativo. Esta reacción se produjo después de que también los magistrados de la Corte de Apelaciones de Bucarest y la Corte de Apelaciones de Alba Iulia rechazaran la propuesta legislativa. El proyecto, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia, prevé una reducción del monto de la pensión de servicio del 80% al 55% de la media de las indemnizaciones brutas de los últimos 60 meses, con un tope del 70% de la última indemnización neta.

Además, la edad estándar de jubilación se establecerá en 65 años, con una transición ampliada de 15 años. Rumanía tiene plazo hasta el 28 de noviembre para resolver este problema, que es crucial para el cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR).