La Asociación Pro Infraestructura ha criticado a las autoridades rumanas por la demora en la implementación del sistema mediante el cual la Policía puede multar a los conductores que infringen la ley, utilizando las imágenes de las cámaras de video en las vías públicas.
Los representantes de la organización han acusado a Bogdan Despescu, jefe de la Policía Rumana, y a Cătălin Predoiu, ministro del Interior, de no cumplir con su papel de garantizar la seguridad vial. Estos han subrayado que las dilaciones han durado dos años, mencionando que se han invocado diversas razones, incluida la falta de un centro nacional para el procesamiento de multas. Pro Infraestructura recordó que el tema se había discutido anteriormente, pero sin avances significativos. La organización subrayó que esta demora afecta la seguridad vial, dejando las carreteras vulnerables a los comportamientos de riesgo de los conductores.
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