La Alta Corte de Casación y Justicia (ÎCCJ) ha dirigido una solicitud a la dirección del Senado y de la Cámara de Diputados, exigiendo que el procedimiento de adopción de la Ley de salarios del personal pagado con fondos públicos respete estrictamente la Constitución.
Esta acción ha sido determinada por "serios problemas de constitucionalidad" que afectan la elaboración del proyecto de ley.
ÎCCJ ha subrayado que existen "dudas" sobre la competencia constitucional de algunos miembros del Gobierno, lo que plantea interrogantes sobre la validez de la iniciativa legislativa. Si el Parlamento no corrige estas deficiencias, ÎCCJ se dirigirá al Tribunal Constitucional de Rumanía.
En paralelo, los empleados de la salud y el sector financiero han iniciado huelgas generales, protestando contra la nueva Ley de salarios, acusando la eliminación de bonificaciones y desigualdades importantes. Las acciones de protesta continúan escalando, afectando la actividad normal en más de 400 unidades médicas y generando manifestaciones frente al Parlamento.
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