El Tribunal Supremo de Casación y Justicia aplazó el jueves al 8 de octubre la decisión definitiva en el proceso contra el Gobierno y el Ministerio de Finanzas relativo al pago de unos salarios adeudados a los magistrados. El Tribunal Supremo ganó el proceso en primera instancia y la cuantía económica en juego asciende a aproximadamente 5.000 millones de lei.
También el 8 de octubre, los jueces deberían pronunciarse sobre las solicitudes del Gobierno para remitir el caso al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el sexto aplazamiento de la decisión en este expediente, que se encuentra en fase de recurso.
El Tribunal de Apelación de Bucarest estimó, el 5 de mayo, la demanda del Tribunal Supremo y obligó al Gobierno y al Ministerio de Finanzas a pagar los derechos salariales adeudados, incluso mediante una rectificación presupuestaria. El tribunal estableció un plazo de 10 días para ejecutar la decisión una vez que fuera definitiva, así como sanciones por demora.
Los atrasos proceden de aumentos salariales del 25 %, establecidos con carácter retroactivo desde 2018, a raíz de varias resoluciones judiciales. El Gobierno cuestiona la posibilidad de que el tribunal imponga asignaciones presupuestarias y sostiene que el presupuesto es competencia del poder ejecutivo y del legislativo. El primer ministro interino, Ilie Bolojan, anunció el 2 de julio la remisión del caso al Tribunal Constitucional por un conflicto jurídico con el Tribunal Supremo.
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