Impugnó una decisión de la ANAF que le obligaba a pagar una suma de 3,2 millones de lei, más sanciones de casi 2,1 millones de lei, a raíz de las actividades de comercio de criptodivisas llevadas a cabo entre 2017 y 2018. El Tribunal de Apelación de Oradea rechazó la solicitud de suspensión de la decisión de liquidación tributaria. La ANAF inició el procedimiento de ejecución, y Vușcan tuvo la oportunidad de beneficiarse de una facilidad introducida por el Gobierno para la cancelación de cargos accesorios y recargos por demora en el pago.
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