DNA puso en marcha la acción penal y los colocó bajo control judicial, durante 60 días, a Ion-Dacian Crainic, inspector superior de la Dirección General Regional de Finanzas Públicas (D.G.R.F.P.) de Timișoara, a un empresario y a otra persona, en un expediente por tráfico y compra de influencias.
Según los fiscales, el inspector habría aceptado la promesa de recibir sumas por valor de 1,5 millones de euros para intervenir ante funcionarios de la ANAF de Timișoara, de modo que una sociedad recibiera una devolución del IVA de aproximadamente 21 millones de lei. El dinero habría sido disimulado mediante contratos de prestación de servicios o de gestión.
Los investigadores sostienen que la promesa habría sido reiterada el 19 de diciembre de 2025, cuando Crainic habría precisado que un millón de euros le correspondería a él y a su cómplice, mientras que 500.000 euros serían para los funcionarios implicados.
En un segundo caso, en marzo de 2026, el inspector habría aceptado, a través de un intermediario, la promesa de 100.000 euros para recuperar el código del IVA y obtener la devolución de aproximadamente cinco millones de lei.
Los tres acusados no pueden abandonar el país ni comunicarse con las personas indicadas por los fiscales. A Crainic también se le prohibió trabajar en la ANAF.
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